Cuando
accedieron al poder en 1983, los Rodríguez Saá tenían
un patrimonio típico de clase media, 17 años de
gobierno después, sus bienes alcanzan valores millonarios.
Cuando
llegó a la gobernación en 1983, Adolfo Rodríguez
Saá declaró tener el patrimonio propio de un representante
de la clase media, casi tan humilde como el de su hermano Alberto,
quien hoy también es sospechado de ser dueño de
un patrimonio millonario. En 1990 fue acusado formalmente de enriquecimiento
ilícito, sin que la Justicia puntana pudiera encontrar
delitos en su contra.
La
acusación fue firmada por sus actuales opositores, el diputado
aliancista Juan José Laborda Ibarra y el secretario de
Hacienda de la Municipalidad de San Luis, Arturo Petrino. La denuncia
incluía datos curiosos, como la compra de seis autos cero
kilómetro al contado y en muy pocos días en una
misma concesionaria de San Luis.
Rodríguez
Saá tendría casas, autos último modelo, una
residencia soñada en un cerro de Las Chacras, cerca de
la capital, reales o imaginadas empresas y propiedades en el exterior
y presuntos capitales obtenidos de supuestas coimas a las empresas
que se radicaron en la provincia.
Según
el intendente capitalino, Carlos Ponce, ex peronista y ahora su
principal opositor, "Rodríguez Saá tiene la
fortuna política más grande del país".
Para Elías Taurant, un ex miembro del Tribunal Superior
que fue obligado a renunciar, "su fortuna ranquea entre las
más altas a nivel sudamericano". A Petrino le sorprende
"que para mostrar su enriquecimiento ilícito sólo
hablen de sus casas, que son lo menos significativo económicamente".
El
concejal aliancista Hugo Seitúa menciona que las empresas
que se radicaron en la provincia "debieron pagar retornos
del 10 por ciento" y que "no alcanzaría la imaginación
para ver todo lo que se podría haber hecho con ese porcentaje,
que en 17 años de gobierno, a 40 ó 50 millones por
año, es de unos 800 millones que se 'perdieron'".
Hasta
ahora, el Gobernador saltó todas las vallas que le pusieron
y el año pasado soñó con el sillón
de Rivadavia, lanzándose como pre-candidato para renunciar
rápidamente después de haber gastado un presupuesto
generoso en afiches y spots.
Se
sabe que Rodríguez Saá vive alternativamente en
dos propiedades suntuosas. En el centro su casa tiene 1240 metros
cuadrados y cuesta un millón de pesos. En las afueras de
San Luis, sobre el cerro, tiene una chacra de 34 hectáreas
con parque, pileta, dique propio y helipuerto. La fortaleza vale
2 millones de pesos; sin embargo, el Estado provincial la valuó
en 5 mil pesos y paga 10 pesos de impuesto inmobiliario cada dos
meses.
Pero
esta no es la única imputación que pesa en su contra.
También fue acusado del vaciamiento del banco provincial
por un grupo de legisladores opositores, quienes lo denunciaron
ante la Procuraduría de San Luis para que explique cómo
multiplicó su patrimonio desde que asumió por primera
vez el cargo, el 10 de diciembre de 1983.
Entre
otras cuestiones, quieren saber el origen de los fondos con que
su esposa, Alicia Mazzarino, compró una mansión
de cuatro plantas, de 800 metros cuadrados, tasada en 1.200.000
pesos, cuando en 1983, antes de asumir como Gobernador, declaró
bajo juramento que tenía una casa hipotecada y dos autos
usados, un Volkswagen rural y un Renault 12.
Su
hermano Alberto también fue acusado de enriquecimiento
ilícito. Al asumir su cargo de senador declaró una
única propiedad, mientras que hoy, sería dueño,
junto con Adolfo de varias propiedades en Capital Federal y Punta
del Este. Además, serían propietarioos de un diario,
"El diario de la República" -el ex "Diario
de San Luis", comprado por Alberto, que monopoliza la publicidad
oficial.
Según
fuentes locales, los Rodríguez Saá y sus esposas
habrían comprado una gran cantidad de automóviles
cero km. en 1988. Adolfo, aparte de la mansión en donde
vive, tendría varias propiedades más y Alberto optó
por una fortaleza en un campo de El Durazno.
Por
otra parte, la oposición denuncia que el Poder Judicial
se encuentra en evidente dependencia del Ejecutivo provincial.
Carlos Sergenese, presidente del Superior Tribunal y del Jurado
de Enjuiciamiento fue el abogado de Adolfo Rodríguez Saá
en un pleito judicial contra el diario "La Razón".
Además fue ex subsecretario de Hacienda; ex ministro de
Gobierno; ex presidente - interventor del Banco de la Provincia
de San Luis; ex interventor del Centro de Jubilados de la Provincia;
ex director de Rentas; y ex interventor de Hidronor.
A
pesar de que ya lo hicieron todos sus colegas de la Cámara
Alta, los senadores del PJ de San Luis Alberto Rodríguez
Saá y Carlos Sergnese siguen negándose a difundir
sus declaraciones juradas de bienes. El diputado de la Alianza
de San Luis, Juan José Laborda Ibarra, lo denunció
por supuesto enriquecimiento ilícito y afirmó que
tendría bienes por 22 millones de pesos.
Según
la acusación, Alberto Rodríguez Saá pasó
de tener una casa y dos vehículos usados en 1983, a poseer
actualmente 25 inmuebles y participación accionaria en
sociedades anónimas.
Laborda
se pregunta cómo hizo el senador con un "único"
ingreso como legislador de unos 5 mil pesos mensuales, para comprar
directamente o a través de testaferros esos 25 inmuebles
que incluyen un edificio ubicado en Rivadavia y Pedernera, donde
está instalada una réplica de un casino de Las Vegas
con Estatua de la Libertad incluida, valuado en 1 millón
de pesos; una vivienda en la calle Lavalle, donde tiene una cancha
de básquet propia y que rondaría los 400 mil; el
Palacio Mollo tasado en 700 mil pesos; una vivienda en la calle
Junín, donde funciona la Fundación de Investigación
Social Argentino-Latinoamericana (70 mil); la ex hostería
de Merlo adquirida a la provincia mediante remate público
(400 mil); por 250 mil pesos habrían adquirido la ex hostería
provincial de Balde; por 700 mil, la Hostería de Cruz de
Piedra; los Campos en el Durazno, de más de 1.000 hectáreas,
con un casco histórico les habrían costado 1.500.000.
Además,
la denuncia también afirma que Rodríguez Saá
sería el propietario en Buenos Aires de varios departamentos,
uno ubicado en Libertad al 1200, cuyo valor llega al millón
de pesos. En Uruguay, tendrían un departamento en el edificio
El Torreón de Punta del Este, tasado en otro millón
de dólares. Sin contar los varios vehículos, entre
ellos, un BMW 1999 valuados en 200 mil dólares en total.
Para
el delito de enriquecimiento ilícito, el Código
Penal establece que se invierte la carga de la prueba; es decir
que los Rodríguez Saá deberían demostrar
con qué ingresos lícitos aumentó su patrimonio
desde el 83 hasta la fecha.
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